El presidente designado por el Congreso hondureño Roberto Micheletti, está determinado a no ceder a las crecientes presiones de la comunidad internacional para que vuelva el depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras cercena libertades fundamentales para reducir a la oposición.
Miles de personas salieron nuevamente este jueves a las calles de Tegucigalpa para apoyar a Zelaya, quien prometió regresar al país este fin de semana, mientras que seguidores de Micheletti se movilizaron en San Pedro Sula, la capital económica del país.
Varias organizaciones sociales anunciaron que preparan un frente de resistencia en todo el país para recibir el sábado a Zelaya, quien "destituyó" por falta de lealtad a los embajadores en Washington y Bruselas, según dijo a la AFP su vicecanciller, Beatriz Valle.
En Tegucigalpa, sin embargo, políticos, empresarios y analistas dudan de que Zelaya se atreva a regresar al país, donde la justicia emitió una orden de captura en su contra.
Por su lado, Micheletti advirtió a la comunidad internacional en una entrevista exclusiva con la AFP que el presidente depuesto "nunca va a retornar al poder" y que no le preocupan las represalias que se puedan adoptar contra Honduras a nivel global.
"Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó", dijo Micheletti, quien aseguró que el 80% de la población está de acuerdo con el derrocamiento de Zelaya, acusado por la justicia de 18 delitos.
Los anuncios y presiones de la comunidad internacional para exigir el regreso al poder de Zelaya, que el miércoles participó en la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá Ricardo Martinelli, continúan.
Los países miembros de la Unión Europea con embajada en Tegucigalpa llamaron a consultas a sus embajadores, informó el canciller español, Miguel Angel Moratinos. El miércoles lo habían hecho España, Francia e Italia.
Estados Unidos suspendió las actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras y dejó para la próxima semana la decisión sobre un eventual congelamiento de la ayuda a este país, uno de los más pobres de la región y que depende de la ayuda exterior para la supervivencia de gran parte de la población.
Los principales organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, también han decidido hacer una "pausa" en sus préstamos mientras se busca una salida a la crisis institucional.
Pero no todos están de acuerdo con que se apliquen sanciones económicas.
La federación de entidades empresariales centroamericanas exigió a Guatemala, El Salvador y Nicaragua que abran "de inmediato" sus fronteras al comercio con Honduras, y afirmó que las cuestiones políticas no se deben resolver con sanciones económicas.
La firmeza del nuevo gobierno para impedir el regreso de Zelaya y a controlar a sus seguidores contribuye a cercenar libertades fundamentales.
Al toque de queda vigente hasta el viernes, desde las diez de la noche a las cinco de la mañana, se suma una norma aprobada por el Congreso el miércoles que autoriza a mantener personas detenidas por más de 24 horas y suspende garantías, como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación.
Para los críticos de las nuevas autoridades se trata de un "estado de sitio encubierto".
Organizaciones de derechos humanos también denunciaron detenciones arbitrarias, reclutamiento militar forzoso y represión contra medios independientes por parte del Ejército tras el golpe de Estado.
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